La contratación pública inclusiva de bienes y servicios es un pilar hacia el desarrollo sostenible y equitativo, buscando no solo la eficiencia y transparencia en las adquisiciones estatales, sino también la integración.
A través de la contratación pública inclusiva de bienes y servicios, los organismos públicos buscan un balance adecuado entre aspectos sociales, económicos y ambientales en sus procesos de contratación.
Esto no solo promueve un desarrollo sostenible sino que también asegura la inclusión y equidad en la participación de proveedores.
La importancia de la contratación pública inclusiva de bienes y servicios
En un mundo donde la inclusión y la equidad se han convertido en pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de las sociedades, la compra pública inclusiva es una estrategia crucial para fomentar la igualdad de oportunidades y la participación de todos los sectores en la economía.
En Chile, esta iniciativa toma forma a través de la plataforma de ChileCompra (www.mercadopublico.cl), donde los organismos y servicios públicos adoptan criterios inclusivos en sus procesos de licitación.
Este enfoque no solo refleja un compromiso con la justicia social sino que también apunta a un modelo de desarrollo económico más integral y diverso.
Qué es la contratación pública inclusiva de bienes y servicios
La compra pública inclusiva es un enfoque de adquisición que integra criterios inclusivos y de equidad en los procesos de licitación de los organismos y servicios públicos.
Este mecanismo busca promover la igualdad de acceso a las oportunidades de negocio que ofrece el Estado, especialmente para aquellas empresas que llevan a cabo iniciativas de impacto social.
El objetivo es beneficiar a empresas de distintos tamaños y regiones que consideran en su operación a personas con características de desventaja y grupos vulnerables.
Criterios de evaluación inclusivos
Los criterios de evaluación inclusivos son elementos clave en las licitaciones públicas que buscan fomentar la participación de empresas comprometidas con la inclusión social.
Estos criterios otorgan porcentajes de evaluación preferenciales a empresas que consideran la contratación de grupos vulnerables, tales como jóvenes sin experiencia, mujeres, adultos mayores, miembros de minorías étnicas, así como individuos en riesgo social, exreos, y personas con algún tipo de discapacidad.
Esta aproximación no solo impulsa la inclusión laboral de individuos en situación de vulnerabilidad sino que también promueve prácticas empresariales responsables y comprometidas con el desarrollo social.
Accesibilidad y no discriminación en las licitaciones
Para garantizar que la compra pública inclusiva sea efectiva, es fundamental que las licitaciones sean accesibles y no discriminatorias.
Esto implica establecer boletas de garantía bajas que permitan la participación de empresas de menor tamaño, garantizando así una competencia justa y equitativa.
De esta manera, se busca eliminar barreras de entrada que puedan limitar la participación de pequeñas y medianas empresas en el mercado público, fomentando así un ecosistema empresarial más diverso y competitivo.
Objetivos de la contratación pública inclusiva
La contratación pública inclusiva es un esfuerzo coordinado que involucra a diversos actores, para garantizar que los procesos de adquisición promuevan la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico equitativo.
A través de este enfoque, el Estado busca no solo mejorar la eficiencia y efectividad de sus compras públicas sino también impulsar el desarrollo económico y social.
Este enfoque demuestra que las políticas de compra pueden ser una herramienta poderosa.
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